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La legalización de las solares existentes y ¿ahora qué?. El Gobierno Valenciano nos apoya y solicita al gobierno Central nuevos plazos.

El plazo para la adaptación y registro de las instalaciones de autoconsumo existentes ya ha vencido y todavía queda pendiente por aclarar varios puntos a pesar de los esfuerzos de las asociaciones de instaladores y la administración de la Comunidad Valencia. ¿Tendremos que esperar a la formación del nuevo gobierno en España para encontrar una solución?.

El lunes 11 de Abril, la gran mayoría de las instalaciones de autoconsumo en España pueden convertirse en ilegales. Los titulares de estas instalaciones tenían hasta el 10 de abril de este año para adecuar las mismas al nuevo Real Decreto 900/2015, y comunicar la inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica. Algo que resulta un tanto complejo por la confusión de las exigencias técnicas y administrativas para modificar las instalaciones (él Ministerio de Industria no ha sido capaz de indicar cómo cumplir con ellas), los criterios de aplicación que las distintas distribuidoras pueden tener, y los costes excesivos que todo esto podrían suponer.

APEME, junto con las asociaciones de instaladores eléctricos de Valencia y Castellon, pusieron todo el esfuerzo e interés para que nuestra federación fuese oida allá donde correspondiese para hacer ver el despropósito que esta normativa estaba suponiendo a todos los niveles: técnico, económico, incluso social, ya que el principal perjuicio recae sobre la gran cantidad de pequeñas instalaciones, sobre todo domésticas, que fueron realizadas con la anterior normativa.

Así empezó a gestarse desde FIECOV (federación valenciana integrada por las asociaciones de las tres provincias) la necesidad de homogeneizar criterios técnicos y un procedimiento administrativo razonable.

Reunión Directora General
Reunión FIECOV con la Directota G. Industria y Energía 

Por otra parte nuestro Gobierno Valenciano anunciaba reiteradamente su apoyo a las energías renovables, y mostró públicamente su compromiso en cuantas ocasiones se brindaron. Así se iniciaron las conversaciones en la mesa de trabajo sobre energía que presidió la Dirección General de Industria y Energía de nuestra Consellería y que promovió distintas reuniones.

En este asunto realmente nuestra directora general, Doña Julia Company, no ha tenido la menor duda y ha dirigido al Ministerio de Industria que resuelva la adopción de tres medidas muy importantes:

  1. Que se amplíen los plazos referidos en al menos 6 meses adicionales.
  2. Que previamente se hayan establecido los esquemas de conexión a red de modo que no queden a criterios particulares de las distribuidoras.
  3. Que se cree un grupo de trabajo que integre a todas las autonomías nacionales para homogeneizar y consensuar los criterios y normativa a aplicar al autoconsumo, y en general al resto de normativa energética.

Al margen de cuál será el devenir de este real decreto, si se derogará o no, o qué pasará, lo cierto es que seguimos con un Gobierno en funciones, y nadie está trabajando a nivel nacional sobre estos temas que afectan al día a día de los usuarios, de las empresas de instalaciones, de fabricantes y distribuidores, esto es a todo el tejido económico de nuestra sociedad.

Las compañías Distribuidoras no tienen muchas opciones más que acatar la normativa e intentar aplicarla, las administraciones autonómicas otro tanto, pero finalmente nuestras empresas instaladoras se las ven con sus clientes y con unas instalaciones que hasta la aparición del RD 900/2015, en octubre de 2015, eran legales y no hay manera de decidir algo congruente al cliente.

Hubiese resultado cómodo acatar las propuestas de la distribuidora y punto, pero sin duda se perjudicaba económicamente a los clientes finales, sin permitirle siquiera proponer opciones igualmente válidas y menos gravosas.

Hemos denunciado de distintas formas la gravedad de la situación de la energía fotovoltaica en España, y lo lamentable de una normativa que nos deja fuera del importante avance económico y social que supondrían normas menos fiscalizadoras y más liberalizadoras. Una situación que nos dejará muchos años por detrás del resto de paises europeos y que mina peligrosamente el ya maltrecho tejido empresarial fotovoltaico, que no ha visto más alternativa que ir a instalar a Inglaterra, Alemania, etc.

Fuente APEME como instaladores autorizados.

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